miércoles, marzo 31, 2010

ONU Y LOS LOBBIES RADICALES

En el periódico ALBA del 12/18 de marzo de 2010, el prestigioso
periodista Ramón Pí escribe un interesante artículo en el que se refiere a
cómo la ONU ha sido colonizada por los lobbies más radicales, como el
feminista, el gay o el que promueve la ideología de género.
Ramón Pí resume su artículo en seis argumentos que avalan su tesis.
Son estos:
Reconocer ciertos méritos a la ONU no ha de ser óbice para decir que los
lobbies más radicales han colonizado sus innumerables agencias y teñido
sus decisiones de una cosmovisión sesgada.
¿El objetivo? Minar la convivencia basada en el pensamiento griego, el
derecho romano y la religión judeocristiana, la más libre de la historia.
¿Las consecuencias? La UNICEF patrocina el aborto, la OMS lucha contra
los fumadores pero no contra el sida y la UNESCO fomenta el relativismo
cultural.
¿Han avanzado de frente para lograr sus propósitos? No, han utilizado la
mentira sistemática, han prostituido el significado de las palabras, y han
ejercido presiones mafiosas sobre el uso sobre los países pobres.
Lo peor no es que la ONU haya multiplicado su burocracia, sino que ésta
ha acabado por enfrentar a ricos contra pobres, a mujeres contra varones, a
padres contra hijos, a jóvenes contra viejos.
Tampoco se puede obviar la responsabilidad de los Estados miembros, que
no controlan a unas agencias a las que financian con contribuciones
obligatorias.

sábado, marzo 20, 2010

COHABITACION Y RIESGO RUPTURA

Firmado por Aceprensa
Fecha: 9 Marzo 2010

A menudo se dice que la cohabitación permite a los futuros marido y mujer conocerse mejor y evitar así las uniones desafortunadas. Sin embargo, el Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de Estados Unidos revela una realidad distinta: las parejas que cohabitan antes del matrimonio son más frágiles.

Las parejas que viven juntas antes de casarse tienen, de media, una probabilidad 6 veces mayor de romperse antes de que lleguen a los 10 años de convivencia. En cambio, las expectativas de duración de la pareja mejoran si empezaron a convivir cuando ya estaban casados.

El estudio refleja también el aumento espectacular de la cohabitación en Estados Unidos. A partir de una muestra de 12.571 mujeres y hombres de 15 a 44 años, los autores señalan que el porcentaje de mujeres que rozan la cuarentena y han cohabitado se ha duplicado en 15 años hasta llegar al 61%.

“Mientras la cohabitación sigue siendo un camino hacia el matrimonio entre las clases altas, las mujeres de bajo nivel de renta tienden a verla como un punto de llegada”


Otro dato interesante es que la mitad de las parejas que empiezan cohabitando se casan a los tres años. Si los dos miembros de la pareja tienen estudios superiores, es probable que se casen antes y que su matrimonio dure por lo menos 10 años.

Para Nelly A. Musick, profesora de análisis social en la Universidad de Cornell, los resultados del estudio sugieren que hay una brecha abierta entre ricos y pobres respecto a la concepción del matrimonio. “Mientras la cohabitación sigue siendo un camino hacia el matrimonio entre las clases altas, parece que las mujeres de bajo nivel de renta tienden a ver la cohabitación cada vez más como un punto de llegada”, explica Musick.

Las actitudes sociales hacia la cohabitación también difieren en función del sexo. Entre los encuestados, el 62% de las mujeres de 25 a 44 años estaban casadas y sólo el 8% cohabitaban. En cambio, el porcentaje de hombres casados desciende hasta el 59% y el de la cohabitación sube al 10%.

Un último hallazgo significativo del estudio es que las mujeres que a la edad de 14 años no vivían con sus padres biológicos o adoptivos son menos proclives a casarse que aquellas que crecieron con su padre y su madre.

Menor compromiso

La publicación de estas estadísticas confirman las conclusiones de otros estudios que en su día fueron bastante polémicos. Investigaciones realizadas hace más de una década revelaban no solo que las parejas de hecho se rompen más que los matrimonios, sino que también aquellos que se casan después de haber cohabitado son más proclives a divorciarse que quienes fueron directamente al altar.

En un estudio publicado en 1999, dos conocidos sociólogos estadounidenses, David Popenoe y Barbara Dafoe Whitehead, del National Marriage Project de la Universidad Rutgers, afirmaban que “una atenta revisión de los datos que proporcionan las ciencias sociales sugiere que vivir juntos no es una buena manera de prepararse al matrimonio ni de evitar el divorcio”.

Según los autores, las personas que han vivido antes con otras parejas muestran un compromiso menos firme. “Toleran menos la insatisfacción y dejarán romperse un matrimonio que podría haberse salvado”, dicen Popenoe y Whitehead (“Should We Live Together? What Young Adults Need to Know about Cohabitation before Marriage”

sábado, marzo 13, 2010

NUEVA LEY DEL ABORTO EN ESPAÑA

Firmado por Aceprensa
Fecha: 26 Febrero 2010
El 24 de febrero, el Senado aprobó de forma definitiva la reforma de la ley del aborto, que introduce en España un sistema de plazos y consagra la libre disposición de la mujer sobre el feto. La ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el BOE. Resumimos las principales innovaciones de la reforma, tras los últimos retoques.

De delito a derecho. En la ley vigente, de 1985, el aborto es un delito despenalizado en tres casos: si el embarazo supone un grave peligro para la salud o la vida de la mujer, si es probable que el feto nazca con graves taras físicas o psíquicas, o si el embarazo es fruto de una violación. Ahora, con la nueva ley, el aborto pasa a convertirse en un derecho jurídicamente exigible y con financiación pública.

Libre disposición sobre el feto. Al reconocerse el aborto como un derecho de la mujer, se elimina la ponderación entre la libertad de la madre y la protección de la vida del feto que exige el Tribunal Constitucional. La reforma también hace caso omiso del principio que reconoció expresamente el TC: la vida del nasciturus es un bien jurídico que goza de protección constitucional.

Aborto libre hasta las 14 semanas. En este período del embarazo, la mujer pude abortar sin dar explicaciones a nadie y sin necesidad de autorización. Esta es una de las consecuencias derivadas de la eliminación del sistema de indicaciones.

Hasta la semana 22. Entre la semana 14 y 22 de la gestación, la mujer puede abortar en caso de grave riesgo para su vida o salud (con un dictamen emitido por dos médicos especialistas, del que se puede prescindir en caso de urgencia), o si el feto padece graves anomalías. Como el riesgo para la salud de la madre ha sido hasta ahora el coladero para el aborto a petición, en la práctica el aborto libre se amplía hasta las 22 semanas del embarazo.

Después de la semana 22. También hay aborto legal hasta el final del embarazo si hay malformación incompatible con la vida del feto o éste padece una enfermedad de extrema gravedad e incurable. En el primer caso, se requiere el dictamen de dos médicos especialistas distintos del que practique el aborto. En el segundo, el diagnóstico deberán confirmarlo tres médicos.

Menores de 16 y 17 años. La decisión de abortar corresponde exclusivamente a ellas, pero al menos uno de los representantes legales (padre, madre o tutor) ha de ser informado. Ahora bien: se prescinde de la obligación de informar si las menores alegan que esto les puede acarrear un “grave conflicto”.

Objeción de conciencia. Se limita a los profesionales directamente implicados en el aborto. Además, la ley establece que los objetores deberán ejercer su derecho de forma individual, por escrito y justificada. Y las Facultades de Medicina y las Escuelas de Enfermería tienen obligación de enseñar en sus aulas a practicar abortos.

Educación sexual. A partir de los 11 años, los alumnos de primaria y secundaria recibirán clases de “salud sexual y reproductiva”.

Anticonceptivos gratis. La sanidad pública financiará total o parcialmente los anticonceptivos de última generación. Las personas de escasos recursos podrán obtenerlos a cargo de la sanidad pública.

PERMISO MATERNIDAD

Firmado por Aceprensa
Fecha: 2 Marzo 2010

El 23 de febrero, una comisión del Parlamento Europeo aprobó un plan de extender la duración mínima del permiso de maternidad, para adecuarla a los criterios recomendados por la Organización Internacional del Trabajo. La propuesta será debatida a finales de mes en el pleno de la Cámara, donde no tiene asegurada la amplia mayoría que recibió en comisión. Si pasa, aún tendrá que ir al Consejo de Ministros, en abril o mayo, y ser ratificada por una mayoría cualificada de los Estados.

La norma actual exige un mínimo de 14 semanas con una retribución igual o superior a la fijada para la baja por enfermedad (en el total de 14 semanas, no necesariamente en cada una). Casi todos los países de la UE permiten más, con muy diversos repartos entre duración y pago. Por ejemplo, Gran Bretaña da hasta 52 semanas: 6 con el 90% del salario, 33 con un subsidio de 123 libras (136 euros) cada una y 13 no pagadas. En cambio, en Alemania la duración del permiso es la mínima, 14 semanas, pero con el salario íntegro.

El gráfico muestra el número de semanas que en cada Estado miembro de la UE se pagan a las mujeres que están de baja por maternidad. El nivel de retribución varía mucho de un país a otro, y en los distintos periodos del permiso. Para facilitar la comparación se han hecho algunas simplificaciones. Por ejemplo, en Portugal se puede elegir entre 120 días (17 semanas) con el 100% del salario y 150 días (21 semanas) con el 80%. Malta no incumple la normativa europea, pues la duración del permiso es de 14 semanas, aunque solo paga 13 (pero con todo el salario, de modo que supera la remuneración mínima establecida en las 14 semanas obligatorias).

La propuesta del Parlamento incluye más medidas de protección. Una es que las empleadas no podrían ser despedidas dentro de los seis meses siguientes a la reincorporación tras el permiso de maternidad. Otra es que sería obligatorio dar opción a que el padre tomara parte del permiso, cosa que ya está prevista en la mayoría de los países.

La ampliación supondría una carga adicional para las arcas públicas y las empresas justo “cuando menos pueden permitírsela las economías de la UE”, en palabras de Lord Young, ministro británico de Relaciones Laborales. Mina Andreeva, portavoz de la Comisión Europea, replica que el plan ofrece suficiente margen de adaptación a las necesidades nacionales, pues permite a los Estados limitar el pago durante las 20 semanas, con tal que sea al menos equivalente al que se recibiría en caso de enfermedad. Pero el gobierno británico piensa principalmente en la pérdida de flexibilidad laboral que implica subir la duración obligatoria, pues en prestaciones dinerarias la regulación nacional ya es mucho más generosa que el nuevo mínimo propuesto. Por eso el ministro ha anunciado que Gran Bretaña hará todo lo posible para que la reforma no salga adelante.