Se cuenta que, en el sur de Estados Unidos, los presos que se fugaban de la cárcel dejaban tras de sí arenques ahumados para engañar el olfato de los perros perseguidores y hacerles perder la pista. Esta estratagema se repite a menudo en las cuestiones polémicas en la opinión pública, para desviar la atención hacia un tema distinto del que debe ser el centro del debate.

Para que la maniobra funcione, el arenque elegido debe tener interés por sí mismo, y a la vez dar la impresión de mantener una relación real con el tema debatido del que pretende apartarnos.

En el debate sobre el cambio de la ley del aborto en España, el gobierno ha elegido el arenque ahumado de la defensa de la laicidad del Estado frente a la doctrina de la Iglesia católica. “A la Iglesia le corresponde decir qué es pecado, no qué es delito”, afirma la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. Con esta escueta frase, Aído cree haber despachado el debate, para el que hasta ahora solo ha demostrado su cortedad de ideas.

El arenque ahumado de la laicidad del Estado es una cuestión que tiene interés en sí misma, y que cumple el requisito de aparentar una relación con el tema de fondo, ya que la Iglesia es la institución que defiende con más firmeza el derecho a la vida del feto.

Pero no es ese el tema debatido. El gobierno ha echado ese arenque ahumado para desviar la atención de la opinión pública sobre cuestiones que sí merecen ser debatidas. Mencionemos algunas.

– Cómo es compatible una ley de plazos, que consagra el aborto a petición, con lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce expresamente que la vida del nasciturus es un bien jurídico que goza de protección constitucional.

– Si al gobierno le preocupa, como dice, el alto número de abortos, debería explicar por qué cree que va a reducirlo convirtiéndolo en un derecho y dando más facilidades para abortar.

– Si la experiencia de la ley actual muestra que el riesgo para la salud psíquica de la madre se ha utilizado como un subterfugio para el fraude de ley, por qué se seguiría manteniendo en la nueva ley hasta la semana 22, lo que supone el aborto a petición hasta ese plazo.

– Si los nuevos conocimientos científicos confirman la existencia de una vida humana en desarrollo desde el momento de la concepción, el gobierno debería explicar qué razón científica lleva a escoger un plazo de 14 semanas (y en la práctica 22), para dejarla desprotegida.

– Si una joven de 16 años no puede votar, ni comprar tabaco ni beber alcohol, por qué la nueva ley las considera maduras para someterse a un aborto sin autorización ni conocimiento paterno.

– Cómo se garantizaría que los profesionales sanitarios que invocan la objeción de conciencia no fueran discriminados, en el caso de que se reconociera el aborto como un derecho de la mujer.

– Qué protocolos garantizarían el consentimiento informado de la mujer en el caso de aborto y qué medidas se prevén para ayudar a las mujeres con dificultades que quieren tener el hijo.

– Cuando se introdujo la píldora del día después se dijo que reduciría el número de abortos, sobre todo entre adolescentes, pero de hecho la difusión de su consumo ha ido acompañada de una escalada abortista. El gobierno debería explicar por qué piensa que para reducir los abortos basta aumentar los anticonceptivos.

Estas y otras cuestiones centradas en el aborto merecen ser debatidas, en vez de distraer a la opinión pública con el arenque ahumado de la autonomía de la ley civil frente a la Iglesia. A otro perro con ese arenque.